Conversatorio "La realidad mexicana frente a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad"

 

Se ha comentado mucho sobre la “falta de congruencia” del Estado mexicano en relación con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  por un lado, nos ufanamos de haber sido el país que impulsó la Convención, y de que México fuera país líder en el proceso de negociaciones; sabemos que ha encabezado distintas acciones y grupos de trabajo a nivel internacional para promover la firma, ratificación y aplicación de la Convención, mientras que, en lo doméstico, es realmente muy poco lo que se ha hecho. No hemos logrado aún, ni siquiera, una nueva Ley General para las Personas con Discapacidad; al parecer, el asunto se ha politizado de tal manera, que se cuestiona el logro de un consenso en el corto tiempo. La Ley que tenemos, de 2005, sigue sin contar con un Reglamento. Seguimos contando con una Declaración interpretativa a uno de los artículos cruciales para el cumplimiento de la espíritu mismo de la Convención (párrafo 2 del Artículo 12). El Censo de 2010 incorporó, sí, los lineamientos del Grupo de Washington en el diseño del cuestionario, pero las preguntas fueron mal aplicadas, cuando fueron aplicadas: Hasta donde sabemos, y si bien ya se designó al CONADIS como instancia coordinadora de la aplicación de la Convención, aún no se designa oficialmente a la instancia oficial para la supervisión a nivel nacional de la Convención. Además, tampoco se ha cumplido en la forma en que demanda la Convención con la obligación de “consultar estrechamente con las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan, incluidos los niños y niñas con discapacidad” en todos las acciones en las que resultan implicadas. Lo anterior, por señalar algunas de las cuestiones más relevantes.